LA ARGENTINA Y EL FRAUDE DE LOS DERECHOS HUMANOS
El grado de imbecilización en que ha caído una sociedad atrapada por el chat, el watsapp y otras formas de drogarse ha hecho que se soslayen y se confundan cosas esenciales. La primera de ellas es que no existen los derechos humanos abstractos, sino posiciones políticas e ideológicas que, en nombre del concepto de humanidad que las mismas han confiscado para sí, castigan a sus adversarios con penas durísimas e imprescriptibles.
El segundo hecho llamativo y curioso se encuentra en que se diga que los delitos cometidos por el Estado para perpetuarse son más graves que los que los particulares cometen con la finalidad de destruirlo. Al respecto habría que efectuar una primera y fundamental distinción. A nuestro entender son mucho más graves los actos delictivos que hoy realizan los políticos depredadores que utilizan el aparato estatal no para consolidarlo o defenderlo sino para enriquecerse, que los de aquellos gobernantes, en este caso los militares de la última dictadura, que se apartaron de la ley pero con la finalidad de defender la supervivencia y permanencia de la institución que en ese entonces representaban. En cualquier caso el interés del Estado debe primar por sobre el del individuo singular y aquel que delinque no para sí sino para la defensa del mismo no puede ser imputado con una pena más grave que la que se merece en cambio el guerrillero que, de acuerdo a la óptica leninista, trotskysta y guevarista, puede usar el medio que fuere para destruirlo. Más aun cuando quedó demostrado que el gobierno militar en razón del acoso internacional por parte de gobernantes enrolados con la izquierda que amparaban a los guerrilleros con exilios rentados y preocupándose que no se los condenara a muerte, tenía las manos sumamente atadas. La dictadura de la década del 70 era memoriosa de lo acontecido con la de la década anterior cuando los presos guerrilleros sentenciados fueron inmediatamente liberados por los políticos que reinauguraron la democracia en el 73. A los pocos meses esos mismos liberados se encargaron de asesinar a los jueces que los habían condenado. Fue para evitar una repetición de tales hechos que se acudiera a la muy conocida guerra sucia. Procedimiento sin duda ilegal pero determinado por circunstancias sumamente atenuantes como la aquí mencionada. Lo curioso es que los guerrilleros o partícipes de su ideología ocupan hoy cargos de Estado y que en este caso no tan curiosamente sean los que más insisten en la puesta en práctica de la fraudulenta doctrina de los derechos humanos. Las palabras huelgan.
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