El gran dilema argentino en referencia a la elección de jueces

DEMOCRACIA O ARISTOCRACIA TOTAL

Hace algunos años, cuando me desempeñaba en la enseñanza media y mientras vivíamos la euforia democrática en la Argentina, una diputada, en un despliegue desaforado de tal religiosidad providencial, encargada de resolvernos todos los problemas (‘Con la democracia se cura, se come y se educa’), nos proponía una ley por la cual la comunidad educativa, es decir el ‘pueblo’ que compone el establecimiento escolar, pudiese elegir al director. Recuerdo aun que, ante las objeciones que se escuchaban en su contra, la aludida efectuó este simpático razonamiento. ¿Cómo puede ser, nos decía, que se acepte que el pueblo pueda elegir a los gobernantes del Estado y no pueda hacerlo en cambio con un simple director de escuela?

Actualmente, luego de tantas décadas de democracia transcurrida, se sigue razonando de la misma forma ante la no respondida inquietud de la diputada. Días pasados la presidenta argentina formuló un pensamiento de similar envergadura. ¿Cómo puede ser, nos decía, que se acepte que un joven de 16 años, así como el resto de la población, pueda determinar quién decidirá el destino de nuestra nación para el futuro y el presente, y en cambio no lo pueda hacer con un simple juez que resuelve cosas menores tales como si un ciudadano puede o no divorciarse, puede o no sacar un documento, puede o no pagar una deuda?

No podemos menos que decir ahora, tal como lo pensamos hace tantos años, que en el fondo la presidenta tiene razón en lo que dice. Representa a todas luces un verdadero absurdo el hecho de que se pueda elegir a un diputado y no a un director de escuela o a un presidente y no a un simple juez ordinario. Pero el problema pasa en cambio por saber si es correcto o no el principio democrático antes de tener que debatir respecto del alcance de su aplicación. Es decir, si es correcto que el  pueblo elija a los que lo deben gobernar, sean éstos estadistas, jueces, o directores de escuela, o si en cambio deben hacerlo quienes están capacitados para ello: en el caso de un director y de un juez, un cuerpo colegiado, compuesto por sus pares de mayor experiencia y capacidad. Por lo cual el razonamiento debería formularse a la inversa. ¿Por qué debe haber tan sólo cuerpos colegiados para elegir a jueces, arquitectos, médicos o docentes en sus diferentes jerarquías y no en cambio para cosas más sustanciales e importantes como ser las referidas al buen gobierno de una comunidad? ¿Por qué también en el cuerpo político no puede existir una aristocracia como la hay en otras actividades? Esta cosa tan elemental y obvia que nunca se discute y ni siquiera suele formularse por miedo al ridículo o a sentirse adosar encima el mote de reaccionario, de poco actualizado u oscurantista, que se atreve a valorar en positivo esa palabra maldita que es aristocracia, por supuesto que nunca va a tener respuesta como tampoco la tendrá jamás, de aceptarse el dogma democrático, el sensato razonamiento de la presidenta y de la diputada hace tantos años.

Pero nosotros, que no tenemos ese temor, pues no pensamos presentarnos a ninguna elección, formulemos inversamente con ejemplos concretos cómo es la normalidad y no nos resignemos a pensar que, en tanto estamos condenados a vivir en la corrupción y en el absurdo, cada vez tengamos que tener siempre más democracia. Siglos atrás, cuando formábamos parte de un imperio, como podía haber sido el Incario o el Español, quienes nos gobernaban no eran personas que simplemente debían tener los 21 años cumplidos, sino seres que habían previamente pasado por el largo aprendizaje de una orden. Por lo general, para pertenecer a tal aristocracia, se precisaba de una herencia, es decir, haber sido parte de una estirpe que desde el mismo nacimiento había recibido la sensación de lo que significa lo relativo al Estado, como cosa diferente del mero lazo familiar o del simple trabajo, del mismo modo que en cualquier otra profesión u oficio. Aunque justamente por tratarse de una orden, es decir de una escuela de aprendizaje, no quedaban excluidas tampoco otras personas que demostrasen algún talento especial para el ejercicio de la función de mando. Y el hecho de que el virrey o el inca fuesen delegados de un poder superior y ajenos habitualmente al territorio o etnía en donde ejercían sus funciones, era sumamente provechoso a fin de obtener la objetividad necesaria para el ejercicio del mando por tratarse de un árbitro ajeno a los intereses de las partes que integraban el lugar. Por supuesto que hubo malos virreyes o incas: pero ante la pregunta respecto de los principios, de si era mejor la democracia por haber aparecido un pésimo gobernante, se sabía siempre que, del mismo modo que no era conveniente desprenderse de un cuerpo por haber padecido una penosa enfermedad, luego de haberse agotado todos los recursos del reclamo, el mismo iba a pasar; en cambio un sistema perverso, al ser antinatural, podía llevar a la sociedad a la corrupción de todas sus costumbres y por siglos enteros en forma cada vez más acelerada, tal como lo vemos en la actualidad.

Menos aun que la democracia se podía aceptar la otra utopía colindante, la republicana, que es la alegada por los más tímidos objetores de la democracia total, es decir por los que la sostienen a medias por no atreverse aun a tanto menos malo de los sistemas posibles, o simplemente por hallarse circunstancialmente en la ‘oposición’, tal como ha acontecido con tantas instituciones que han desertado de sus principios esenciales. Ante ello vale esta categórica afirmación: un poder que es limitado por otro es impotencia*. Una libertad coartada en su despliegue, no es libertad, sino coerción. Los hombres deben ser libres en función de sus posibilidades existenciales. La libertad del adolescente, que elige al presidente, es coerción para el sabio y en última instancia esclavitud para la nación toda. De hecho la doctrina del ‘control de poderes’ o división tripartita del mismo, además de ser una perfecta utopía pues por lo general no se cumple nunca, es la fuente de la anarquía y consecuentemente del paso último y final, el de la democracia total. Por encima del monarca no puede haber otro poder que se le equipare o sobreponga, salvo el de la Trascendencia que, a través del mismo, debe expresarse. No existe la fantasía del pueblo libre y soberano que elige. De hecho las multitudes, carentes de voluntad propia no son verdaderamente libres y deciden lo que otros poderes han elegido por ellas. Y estos poderes son hoy en día el dinero y la corrupción.

·        En la república Argentina, país en vías de asumir el sistema de la democracia total, jamás ha existido verdaderamente la limitación de poderes, es decir el principio republicano, a pesar de que nominalmente se lo pregone. Los jueces, aun sin ser elegidos por el pueblo, no son independientes del poder político. Nunca han condenado, y ni siquiera investigado seriamente, a un gobernante corrupto por temor a los consecuencias que acarrearía tal hecho. Los diputados han sido varias veces corrompidos por el poder ejecutivo con importantes sumas de dinero para votar leyes contrarias a sus principios. Es decir, el republicanismo es una falacia en la medida que no es con un simple tecnicismo como se resuelven los problemas. La única solución posible es la existencia de una clase política incorruptible educada para tal función en una escala de valores jerárquicos, a la cual no se le ponga límite alguno en el ejercicio de sus funciones. En pocas palabras, una persona que gobierna es o no es corrupta y no deja ni llega a serlo por la existencia o no de límites en el ejercicio del poder.

Marcos Ghio

20/05/13